Al menos dos hectáreas fueron deforestadas al interior del Área de Conservación Regional (ACR) Cordillera Escalera, en la provincia de Lamas, región San Martín.
La destrucción ambiental se produjo en los distritos de Pinto de Recodo y Caynarachi, según constataron agentes de la Fiscalía Especializada en Material Ambiental de Moyobamba.
Los pobladores de la zona vienen denunciando la deforestación desde el año 2007. Además, solo en Caynarachi, existen dos comunidades nativas a la espera de ser tituladas, un hecho que, de concretarse, ayudaría a contrarrestar el avance de la deforestación.
Dos hectáreas deforestadas
Las dos hectáreas deforestadas fueron identificadas durante los días 12 y 13 de noviembre, en una visita a los distritos Pinto de Recodo y Caynarachi, dirigida por el fiscal adjunto, Alexander Taica Luliquis.
La diligencia también fue acompañada por guardaparques del Área de Conservación Regional Cordillera Escalera, y personal de la Autoridad Local del Agua, con sede en Loreto.
El jueves 12, según informó el portal Diario Ahora, las autoridades llegaron hasta el sector Isulaico, caserío de Sanangal, y verificaron la tala de una hectárea de árboles de bosque primario.
En el lugar, hallaron además a Carlos Díaz Sánchez, quien sería el encargado de cortar la madera, sin contar con la autorización de la autoridad competente.
Asimismo, las autoridades constataron una segunda hectárea con un bosque secundario destruido donde Florentino Huancas Carrasco, habría realizado sembríos de maíz sin autorización.
Al término del segundo día, en el sector Alto Panchito, caserío Metilloyuc, en Caynarachi las autoridades corroboraron la tala de árboles que formaban parte de un bosque secundario con sembríos de plátano.
Deforestación no es reciente
En diálogo con Servindi, el dirigente Marcelino Vilela, ubicado en el distrito de Barranquita, a 20 minutos de Caynarachi, señaló que los pobladores de la zona han venido denunciando la deforestación en este lugar desde hace trece años.
“Desde el 2007 venimos denunciando, por un lado y otro, los abusos que se hacían. Cuando se tumba un bosque grande cuánto no se pierde de fauna silvestre, animales, aguas. Para nosotros es un sacrificio”, asegura.
Vilela cuenta que los problemas iniciaron con la llegada de empresas de palma aceitera relacionadas al Grupo Romero, que habrían deforestado más de tres mil hectáreas en menos de dos meses.
Luego, a la zona empezaron a llegar personas que constituían asociaciones —como Nueva Italia o Palmas del Sarayaku— y deforestaban entre 30 y 50 hectáreas.
Tras hacerle frente a las plantaciones de palma aceitera, estas personas —que habrían sido enviadas por las mismas empresas— fingieron sembrar cacao, pero continuaban sembrando palma, indica.
“Últimamente ya nos han cerrado el pase para no poder verificar lo que están sembrando”, asegura Vilela, quien también es monitor ambiental de la Pastoral de La Tierra, Vicariato Apostólico de Yurimaguas.
Problema de raíz
La abogada del Instituto de Defensa Legal (IDL), Cristina Gavancho, explica que la Cordillera Escalera, tiene un problema de raíz, debido a que su creación como Área de Conservación Regional (ACR) se dio sin consulta previa, en el 2005.
Para la letrada, el hecho de que más de 40 comunidades nativas en la zona no cuenten con titulación, también es un factor que promueve la deforestación, porque esto impide que sus denuncias sean tomadas en cuenta.
“Si no les das seguridad jurídica en sus territorios, cualquier reclamo que ellos puedan hacer, nunca va a llegar a buen puerto porque no está muy claro cuál es su territorio”, sostiene.
“Por ahí se amparan en formalismos las autoridades del sistema de justicia y las denuncias de las comunidades nunca llegan a buen término”, agrega.
Gavancho señala que, desde 1990, no se había titulado ninguna comunidad. Recién, después de tanto reclamar, y luego del Baguazo, a partir del 2015 se empezaron a reactivar los procesos de titulación y reconocimiento.
Sin embargo, añade, en diciembre de 2019, el Ministerio de Agricultura emitió una resolución ministerial (0443-2019-MINAGRI) que prácticamente prohíbe que las comunidades reconocidas después de la creación del ACR, continúen con su proceso de demarcación y titulación.
“Esta resolución establece que solo pueden continuar el proceso aquellas comunidades que hayan sido reconocidas antes de la creación del ACR. Las que fueron reconocidas después, que son la mayoría de las comunidades de San Martín, no pueden continuar”, explica.
Entre las comunidades que han visto paralizados sus procesos de titulación, pese a que estuvieron en trámite desde el 2018, se encuentran el Piñal y Shapajilla, ambas comunidades kichwa ubicadas en el distrito de Caynarachi, una de las zonas deforestadas.
Para la abogada Gavancho, si se concretara la titulación de las comunidades nativas, se estaría ayudando, al mismo tiempo, a combatir la deforestación en esta zona.
“Hay estudios que demuestran que, en cuanto más seguridad se les da a los territorios de pueblos indígenas, ellos son los que conservan mejor el medio ambiente”, apunta Gavancho. Fuente: SERVINDI